El día 6 de abril de 2017 ha sido publicada en la página web de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea la Decisión Provisional de dicha Comisión en la que se acuerda imponer una sanción por importe de 2.930 millones de euros a los principales fabricantes europeos de camiones medios y pesados por conductas contrarias al derecho de la competencia. La infracción en que ha incurrido el conocido como “cártel de los camiones” ha consistido en desarrollar acuerdos y prácticas concertadas dirigidas a fijar coordinadamente el precio bruto de camiones medios ( de 6 a 16 toneladas ) y pesados ( más de 16 toneladas ), a fijar el calendario a seguir para la introducción de las tecnologías necesarias para cumplir con la normativa europea de emisiones contaminantes para la atmósfera y el acuerdo de repercutir a los clientes los costes derivados de la introducción de las referidas tecnologías sobre emisiones.
Los fabricantes que han formado parte de este cártel son Daimler, DAF, Volvo/Renault e Iveco, a los que se añade MAN, si bien este último ha sido eximido del pago de la sanción al haber delatado en su día la existencia del cártel. Todos ellos han reconocido expresamente los hechos mercad a lo cual se han beneficiado de una reducción en la sanción del 10 por 100.
Las conductas sancionadas, conocidas como prácticas antitrust, suponen una alteración en la fijación de los precios en el marco de la libre competencia de la que se deriva un daño para los compradores, ya sean directos ( los concesionarios ) ya sean indirectos ( el comprador final o arrendatario financiero ). Este daño puede venir representado por el sobrecoste que unos y otros se han visto obligados a soportar por la compra de los camiones ( daño emergente ) así como por el menor volumen de ventas que hayan experimentado los concesionarios y la disminución en la contratación de servicios a los adquirentes de los vehículos ( lucro cesante ) como consecuencia del aumento de los precios.
Los perjudicados por estas conductas antitrust podrán ejercer acciones de resarcimiento por daños y perjuicios por incumplimiento de las normas de defensa de la competencia ante sus respectivos tribunales nacionales.